Así se manifestó la fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke, sobre el decreto del gobierno salteño, por el cual, se pena con arresto de 60 días a quienes incumplan las medidas preventivas referidas a la pandemia de Covid-19. Y remarcó que la Constitución Nacional prohíbe al poder ejecutivo ejercer facultades legislativas y mucho menos sobre materia penal. “La facultad de materia sancionatoria de arresto es privativa del juez y ni siquiera los fiscales podemos disponer una medida cautelar de encierro de cualquier persona”, aclaró la fiscal.
